Materiales del Taller de Alquiler

Presentamos los materiales del taller de Alquiler del pasado 16 de Febrero. Tanto la presentación de Lidia Posada como las líneas de acción que proponía desde Vivienda Centro Gonzalo.

Elementos legales del proceso de desahucio de Alquiler Por Lidia Posada

campañas de alquiler Por Gonzalo de la Asamblea Lavapiés.

Aun quedan más materiales pendientes que se irán subiendo en los próximos días a nuestros recursos de información

Taller de stopdesahucios alquiler: Domingo 16 de febrero en CSOA La Morada

El próximo domingo 16 de febrero en el CSOA La Morada se realizará un taller práctico sobre alquiler, derechos y defensa de los inquilinos.
18:00 Taller legal con la abogada Lidia Posada: Herramientas de defensa legal del inquilino
19:30 La experiencia en los Barrios. Presentación de lo aprendido en distintos stopdesahucios de alquiler por parte de grupos de vivienda de barrios.
20:00 Debate. Pensando entre todas el futuro de lucha por el alquiler. Donde pensaremos juntas cómo articular una defensa eficaz de los inquilinos y futuras campañas.
El objetivo del taller es poner en común los conocimientos legales y las experiencias de defensa del inquilino, es un taller enteramente práctico que contará con la presencia de la abogada Lidia Posada para resolver las dudas más frecuentes a las que nos enfrentamos a la hora de paralizar un desahucio de alquiler.
Los desahucios de alquiler se vienen acelerando desde el comienzo de la crisis. Ya en el primer trimestre de 2013 el 58% de los producidos en primera vivienda eran desahucios de inquilinos. Tampoco hace falta acudir a las grandes estadísticas: Los desahucios de alquiler son ya una realidad en las asambleas de barrios y colectivos que luchan por defender una vivienda digna.
A pesar de esta realidad creciente, la lucha tanto legal como social en defensa de los derechos del inquilino sigue siendo limitada. Si bien a la hora de paralizar un desahucio hemos visto la misma solidaridad y fuerza por parte de los vecinos no hay apenas grupos que trabajen desde la perspectiva explícita de la defensa de los derechos del inquilino.
Al tiempo es necesario entender que el camino para no repetir los errores del pasado, el sobreendeudamiento y la burbuja inmobiliaria, pasa por la transformación de este modelo a uno donde vivir de alquiler sea una opción, ofreciendo un entorno estable y unas condiciones económicas adecuadas para evitar que la población se vea nuevamente forzada a hipotecarse para acceder a una vivienda.
Por tanto desde la Oficina de Vivienda de Madrid os proponemos este taller donde aprender herramientas prácticas que nos ayuden en los distintos casos y compartir experiencias de esta lucha fundamental para conseguir una vivienda digna para todas. 

Visita con Pilar en los Juzgados

El viernes acompañamos a Pilar a los Juzgados de Plaza de Castilla.

Estaba nerviosa y muy preocupada porque el jueves 30 de Enero, si la parte actora no acepta los trámites que hicimos, la echaran de su casa.

La historia de Pilar es complicada. Vive en alquiler desde hace unos ocho años en una casa en la que el propietario no es quien dice ser, ya que en la nota simple aparece otra persona. Además, el contrato de arrendamiento está muy mal redactado y con bastantes irregularidades.

Aun así, ella ha ido pagando la cuota siempre hasta que en 2008 quebró su empresa y no pudo hacer frente a ella mes a mes. De todas formas, por no dejar de pagar llegó a un acuerdo verbal con el supuesto propietario que consistía en pagar un mes sí y otro no.

Después del verano del año pasado se quedó sin trabajo y sin ningún tipo de ingresos. Trató de hablar con el propietario pero éste ya no quiso llegar a ningún acuerdo más y le reclama las cuotas impagadas y que abandone el domicilio. Hubo una primera fecha de desahucio pero Pilar lo paralizó en el Juzgado al solicitar abogado de oficio. Y éste es otro problema a añadir para ella ya que la abogada de oficio que le impusieron no ha ejercido como debería.

La sentencia de la vista celebrada el 13 de diciembre de 2013, que señalaba la fecha de segundo intento de desahucio, le fue notificada a su abogada el día 20 de diciembre, disponiendo de 20 días para apelarla. Pero en lugar de comunicar de manera inmediata a Pilar la fecha del lanzamiento, la abogada no se lo dijo hasta el 20 de Enero para no “fastidiarle las Navidades”, perdiendo la posibilidad de apelación.

Ante la inminencia del desahucio, el viernes acompañamos a Pilar a los juzgados  para solicitar un aplazamiento en base al artículo 704 LEC y expresar su buena voluntad para entregar las llaves en cuánto tenga alternativa habitacional. En los Juzgados la secretaria judicial fue atenta en todo momento, tramitó como urgente la petición de Pilar y redactó un acta de comparecencia indicando su “buena voluntad”. A la ausencia de alternativa habitacional, se suma el hecho de que Pilar sufre dos tumores en el pecho y entregó los informes médicos pertinentes. Nos dijo que la semana que viene, como muy tarde el martes, tendríamos una respuesta y que nos llamaría.

De todas formas, si no se paraliza el desahucio en los Juzgados estamos preparados para pararlo en las calles y estar junto a Pilar ese día.

#StopDesahucios: jueves 30 de Enero a las 08,30h todas a la C/ Menendez Pidal, 27 (<M> Pío XII)

 

Exige a Konecta la readmisión de Amaya

Exige a las cúpulas directivas de Konecta y del Banco Santander (máximo accionista de la empresa) que readmitan a Amaya, trabajadora despedida por ausentarse el día de su desahucio y los posteriores a pesar de contar con baja médica.

https://oiga.me/campaigns/exige-a-konecta-la-readmision-de-amaya

Asunto: Readmita a Amaya en Konecta, despedida por faltar al trabajo el día de su desahucio.

Mensaje:

Estimado/a Señor/a

Como directivo del grupo Konecta o del Banco Santander me dirijo a usted para hacerle llegar mi total indignación por el despido de una trabajadora por faltar a su puesto de trabajo el día de su desahucio y los posteriores.

Los hechos se remontan al pasado 25 de octubre, cuando Amaya Muñoz, trabajadora de Universal Support fue despedida media hora antes de finalizar su jornada amparándose en la Reforma Laboral. Esta empresa pertenece al grupo Konecta, cuyo máximo accionista es el Banco Santander.

No pretendo discutir la legalidad o no de la medida tomada, en todo caso, y si fuera necesario, serían los juzgados de lo social quienes determinarían tal circunstancia. Quiero hablar de justicia:

El pasado 11 de septiembre Amaya se enfrentó a su segundo intento de desahucio. Una semana antes había pedido a la empresa un cambio de turno para poder asistir a su desalojo, dejando claro que la ausencia era por índole judicial, y que si se lo denegaban le sería imposible acudir a su puesto. La respuesta de su coordinadora fue “no creo que sea posible, aunque ya eres mayorcita y conoces tus responsabilidades. Ese día no puedes faltar”. Amaya se enfrentó a su desahucio con un doble temor: perder la casa y el trabajo.

Finalmente, pesar de la resistencia popular, Amaya fue desahuciada por más de cien antidisturbios, que tomaron el barrio desde primera hora de la mañana. Esta situación derivó en un ataque de ansiedad importante, por lo que la médico de cabecera le dio 10 días de baja para recuperarse.

Tras todo esto y más o menos recuperada, Amaya luchó por seguir adelante y conservar su empleo…hasta que le notificaron el despido. Para ello Konecta utilizó una maniobra que demuestra su mala fe. Los días 11 y 17 de Octubre Amaya acudió al médico por enfermedad común y, en vez de considerarlo un permiso retribuido y por tanto no computable, la empresa le pidió “baja y alta médica”. Las ausencias derivadas del desahucio y las visitas al médico – a pesar de estar todas ellas debidamente justificadas – fueron suficientes para proceder al despido.

Me consta que no es la primera vez que Konecta salta a las páginas sociales de los periódicos por asuntos similares. Sin ir más lejos, el año pasado el periódico Diagonal informó de la muerte de una trabajadora de su grupo que por miedo a perder su puesto de trabajo falleció de una neumonía.

De parte mía y de toda la sociedad lo que pedimos es que reconsideren este despido y readmitan a Amaya. Hasta que la readmisión se lleve a cabo, vamos a presionar y a acudir a las puertas de clientes y accionistas de Konecta, además de usar las vías judiciales….No abandonaremos esta campaña hasta que se nos escuche y se haga justicia.

Atentamente.

Victoria en Bloc Salt, nueva obra social en Valencia y acampada en Mérida

La estafa de la Sareb parece consumada, han dilapidado miles de millones y siguen cobrando sueldos de escándalo para mantener la burbuja inmobiliaria y aumentar los beneficios de los bancos para los que trabajan sus consejeros. Pero, ¿de verdad se ha consumado?. Mientras su maquinaria de robar sigue adelante son cada vez más las iniciativas que están consiguiendo arrancar mediante la lucha el derecho a la vivienda digna de unas casas que ya hemos pagado:

- El pasado 16 de Octubre el #BlocSalt se despertaba lleno de centenares de personas dispuestas a defender a las 43 personas que viven en él de la amenaza de desalojo. Tal muestra de resistencia despertaba además al tribunal de derechos humanos de Estrasburgo que paralizaba el desahucio cautelarmente hasta que el próximo 29 de Octubre.

No se han quedado parados y seguirán presionando a la Sareb hasta conseguir un alquiler social para los inquilinos del #BlocSalt

- Esta semana la Plataforma de afectados por la hipoteca de Valencia iniciaba su obra social en un bloque, esta vez en manos del BBVA, que han llamado “La Esperança”

- En la ciudad de Mérida hoy un grupo de familias ha comenzado esta noche una acampada ante la Consejería de Fomento con el fin de exigir el cumplimiento del artículo 47 de la constitución que no solo dice que Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada sino que añade . Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

Entre sus exigencias está la puesta disposición de 16 viviendas que la Sareb tiene en su localidad.

- Después de que el pasado 3 de Octubre en Madrid se alojara a 6 familias en un bloque de la Sareb, la próxima semana las 163 familias que han sido estafadas en Arroyomolinos continúan su lucha por acceder a las viviendas que ya han pagado dos veces. La primera poniendo 100.000 euros de su bolsillo y la segunda a través de la Sareb, que no las ha ayudado pero que sí ha comprado con dinero público los 36 millones de euros que tenía como crédito el promotor. Con ellas estaremos el próximo 24 de Octubre a las 19:00 en Castellana nº89 frente al edificio de la Sareb exigiendo soluciones.

Viernes 11 de Octubre 11:00 #MarisaSeQueda 2º Intento

Como tantas personas quieren echar a la compañera Marisa a la calle, la lucha por obtener alternativas continua pero no es fácil en una ciudad donde se están malvendiendo las viviendas públicas y quién no tienen trabajo está simplemente condenado a vivir en la calle.

Es la segunda vez que quieren echar a Marisa pero frente al poder del dinero seguimos luchando con nuestra única arma, la solidaridad.

Por eso este viernes 11 de Octubre a las 11:00 en la calle Hernán Cortés nº7 volveremos a juntarnos para defender los derechos de nuestras vecinas. No faltes!

Apuntate y difunde el evento en facebook

 

PAH Madrid y PAVPS exigen que la EMVS paralice todos los procesos de desahucios

Tras el suicidio de Amparo en el día de ayer nos sumamos al comunicado de la PAH y la PAVPS exigiendo la paralización de toda la vivienda pública. Señalando como responsable a los gestores del la EMVS y al ayuntamiento de Madrid, a los que calificamos de asesinos. Animamos también a sumarse a sumarse al hastag #YoTambiénCulpoALaEMV tras las amenazas del ayuntamiento de denunciar a aquellos que los señalas como responsables del suicidio.

El comunicado

En el día de ayer conocimos la noticia escalofriante de un nuevo suicidio relacionado con el desahucio de vivienda. Amparo C.A. era madre de seis hijos, tres de ellos menores de edad, y tenía tres nietos, dos de ellos a su cargo en la vivienda, propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) de Madrid en la que residían, en el madrileño distrito de Carabanchel.

La víspera, el lunes 16 de septiembre, Amparo había recibido una comunicación oficial de la EMVS dando por finalizado el contrato de arrendamiento, al mantener una deuda de 975€, y fijando como fecha de desalojo el próximo 21 de octubre a las 9:30 horas. La carta estaba redactada al modo de las agencias de recobro: en un tono amenazante y sin dejar margen para un acuerdo que evitara el desalojo.

Es mismo día, el marido de Amparo acudió a la EMVS con intención de saldar la deuda del alquiler. En la empresa municipal le negaron tal posibilidad, a pesar de tratarse de una unidad familiar con menores. Horas más tarde, Amparo se suicidó.

La voracidad de la EMVS, que está vendiendo al mejor postor el parque público de viviendas sociales y utilizando métodos intimidatorios contra las personas con dificultades de pago, está muy lejos de la función de tutela del derecho a la vivienda que le corresponde. En los últimos meses este organismo ha acelerado los procesos de desahucio, incluso sobre familias con escasas o nulas posibilidades de procurarse alojamiento alternativo, contraviniendo así la legislación internacional de derechos humanos sobre “Desalojos Forzosos Sin Alternativa Habitacional”.

Hoy hemos sabido que la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid, dependiente del Área de Urbanismo del Ayuntamiento, se desvincula del suicidio e indica que la carta no era de desahucio ya que “no existe procedimiento judicial ni sentencia condenatoria ni auto de desalojo sustanciado por autoridad judicial alguna”. La frialdad de este organismo resulta estremecedora: no solo no decreta una moratoria sobre desalojos forzosos y declina cualquier responsabilidad, sino que además ha aireado unas supuestas deudas de la familia con la Comunidad de Vecinos. La falta de humanidad de sus responsables se refleja en el hecho de que aún hoy, dos días después del fallecimiento, no se ha ordenado la paralización del proceso de desahucio de la vivienda de Amparo, que sigue en pie.

No conocemos en detalle las circunstancias personales de Amparo, pero resulta innegable que la carta de desahucio se encuentra entre los desencadenantes de su fallecimiento, dada la proximidad temporal entre su recepción y el suicidio.

Existe, por tanto, una responsabilidad política clara tanto de la EMVS como del Ayuntamiento de Madrid toda vez que una de sus funciones primordiales es la de garantizar la tutela de los derechos fundamentales de la ciudadanía, en particular el derecho a una vivienda adecuada, recogido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en la propia Constitución.

PAH Madrid y la Plataforma por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) exigimos, por tanto, la paralización inmediata de todos los procesos de desahucio de la EMVS y del resto de entidades públicas con competencias en materia de vivienda (empresas municipales de la vivienda e Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid –IVIMA- ) como medida de emergencia.

Por último, pedimos a todas las personas en situación de desamparo por falta de vivienda o por amenaza de desahucio, que no se rindan, no den por perdida su situación y acudan a las organizaciones de la sociedad civil que, prácticamente en cada ciudad, existen en la actualidad para luchar por garantizar el derecho a la vivienda y para paralizar los desahucios.

NO ESTÁS SOL@

PARALIZACIÓN INMEDIATA DE TODOS LOS DESAHUCIOS

NO MÁS MUERTES

Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid

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Además.

Que baje el que desahucia texto de Olga Rodríguez

Merece la pena vivir, luchar para que estas injusticias no se repitan nunca más texto de Manuel Sanpastor

De la concentración de ayer:

Javier Romero (@mainouv) y Alicia Armesto (@alitwittt)

Dibujos de 4ojos

Más de un centenar de antidisturbios echan a Amaya de su casa

Tras la paralización del primer intento de desahucio el 16 de Julio, esta mañana 20 furgonetas de antidisturbios con más de un centenar de agentes tomaban desde las siete de la mañana la calle Federico Carlos Sainz de Robles y sus alrededores, impidiendo el tránsito a toda persona que no viviese en alguno de los edificios afectados.
Iban a desahuciar a Amaya, una de tantísimas personas que se ha quedado sin empleo y que se había visto imposibilitada para pagar el alquiler de esa casa. Junto a ella habían pasado la noche cerca de una 20 de vecinos y activistas, acompañándola en estos difíciles momentos y con la voluntad de resistir hasta conseguir un acuerdo que incluyese una condonación de la deuda que Amaya tiene con la inmobiliaria Laudea y disponer de tiempo para buscar una alternativa.
A pesar de los intentos de días anteriores, incluyendo un encierro en la sede de la inmobiliaria, para solucionar el problema y negociar con ellos éstos se cerraron en banda, negando cualquier alternativa a la de ser expulsada a la calle. Laudea es una inmobiliaria perteneciente a la constructora INMODOMOS, una de tantas empresas que negando el derecho a la vivienda ha amasado una fortuna a base de especular, se enriquecieron con la burbuja inmobiliaria y piensan seguir haciéndolo cueste lo que cueste.
Además de las personas que durmieron en casa de Amaya se había convocado a las 7:30am a vecinos y personas solidarias para oponerse al desahucio, cuando ha comenzado a llegar la gente la zona estaba totalmente acordonada. Además los antidisturbios han procedido a identificar a toda persona presente dentro de una dinámica de intimidación y acoso al ciudadano.
Tras horas de tensión finalmente la policía ha entrado en la casa y cumplido con su cometido de dejarla vacía y con una persona en la calle. Cabe destacar que además de las actitudes burlescas y agresivas que han mostrado con los solidarios, un chico de 19 años que se había acercado a la concentración, al verse apartado y sin cámaras delante, 5 agentes le han rodeado, tirado al suelo y tras pisarle la cabeza le han dicho “Menos mal que el mando está de buenas sino te llevábamos con nosotros y eso no te iba a gustar” la total ausencia de motivo legal para esta agresión queda patente en que tras la misma ni le han identificado. Por fortuna trabajadores y vecinos han presenciado esta agresión policial y se han podido recoger sus números de placa y ya se está preparando una denuncia contra estos policías.
Lo más paradójico del dispositivo policial ha costado con seguridad mucho más que la deuda de Amaya pero como con el rescate bancario no es un problema de que no haya dinero, sino de voluntad de la administración que prefiere gastar mucho en hacer una demostración de fuerza que en pensar vías para que la gente no se vea en la calle.
A pesar de la frustración el caso de Amaya determina aun más nuestra decisión de tomar las casas en manos de inmobiliarias, bancos y constructoras, en el país con más vivienda vacía de Europa no dejaremos que siga habiendo gente sin casas ni casas sin gente.

La ocupación de viviendas como toma de nuestros derechos

Ante la problemática habitacional, las asambleas de vivienda, la PAH y demás colectivos en defensa de la vivienda, han tenido como herramienta, además de la acción directa, algunas vías judiciales y administrativas:

Pero cuando nuestros derechos se ven sistemáticamente vulnerados frente a unas leyes injustas (tanto para inquilinos como hipotecados como ocupas), que permiten a las entidades financieras, administraciones públicas y propietarios echar a las familias de sus casas; cuando se agotan las vías judiciales y administrativas para defender el derecho a la vivienda digna, cabe plantearse un cambio de estrategia: de pedir y esperar a tomar y hacer.

El objetivo es recuperar la función social de una vivienda vacía – en manos de entidades financieras como la banca o la SAREB, o vivienda pública que nunca ha sido adjudicada… – para garantizar que ninguna persona se quede sin casa.

Frente a la deslegitimación judicial, tenemos la desobediencia civil y la legitimación social de la ocupación. Y para tomar nuestro derecho a la vivienda, la inteligencia colectiva y el apoyo mutuo han desarrollado estrategias y herramientas que lo hacen posible.

Ante la dramática situación en la que se encuentran centenares de miles de familias sin visos de mejorar sino agravarse, ante la incapacidad de las administraciones para dar respuesta a una  situación de auténtica emergencia habitacional, y ante unas leyes incapaces de garantizar los derechos más elementales y de atajar la sangría de desalojos que se producen cada día (más de 240): la ocupación está legitimada porque la propiedad privada está limitada constitucionalmente por su función social.

Aquí puedes consultar manuales de ocupación: